Gobierno y Generalitat pactan la “participación” catalana en El Prat e inversiones para la AP-7 y Rodalies

Ambos gobiernos crean el Órgano Bilateral Aeroportuario, en el que el la Generalitat podrá hacer propuestas sobre la planificación, estrategia, inversiones y conectividad de los aeropuertos catalanes

A pocas horas del inicio formal de la campaña electoral para las elecciones generales del 29-N, el Gobierno central y la Generalitat han celebrado la última comisión bilateral de la legislatura. De forma in extremis, ambos Ejecutivos han querido cerrar así los últimos acuerdos pendientes en ámbitos tan diversos como las infraestructuras, la lengua catalana o la acción exterior. Entre los más relevantes figuran el acuerdo para la “participación de Catalunya en las decisiones” sobre los aeropuertos catalanes, la financiación del servicio de Rodalies a través de un contrato programa entre la Generalitat y Renfe, avances en el traspaso de la línea R1 y las inversiones para mejorar vías de alta capacidad como la AP-7 y la AP-2.

Todos estos asuntos estaban pendientes de la concertación entre ambos Gobiernos. Algunos de ellos tienen su origen en los acuerdos de investidura de Salvador Illa con su principal aliado, Esquerra, y otros se han añadido para tratar de garantizar que no se quedan en el tintero tras los comicios del 29-N, sobre todo si se impone un cambio de gobierno, o por lo menos para armar el relato de que fueron impulsados por dos gobiernos socialistas.

La principal novedad de lo acordado en esta bilateral es lo relativo a la gestión aeroportuaria. A exigencia del partido de Oriol Junqueras, Illa se comprometió a hacer que la Generalitat pueda incidir en las decisiones estratégicas de los aeropuertos catalanes, lo que los republicanos denominan la “gobernanza” aeroportuaria, y el acuerdo que surge de esta bilateral es muy similar al que este verano alcanzó el País Vasco con el Gobierno central.

Se crea el Órgano Bilateral Aeroportuario Generalitat-Estado

En el caso de Catalunya se crea el Órgano Bilateral Aeroportuario Generalitat-Estado, “un nuevo espacio estable de cooperación que reforzará la participación de Catalunya en la planificación en las decisiones estratégicas que afectan a los aeropuertos de interés general” (Josep Tarradellas Barcelona – El Prat; Girona-Costa Brava; Reus; y Sabadell).

A través de él, y según el Govern, “Catalunya participará en la planificación, inversiones y conectividad de los aeropuertos y en la definición de su estrategia, con un órgano que tendrá una composición paritaria y adoptará sus acuerdos por consenso”. De esta forma, el acuerdo no es una transferencia de la gestión, ni una alteración del marco constitucional y estatutario. Los aeropuertos catalanes seguirán en manos de Aena y no se cede su “gestión” al Govern. El nuevo órgano tampoco es una filial de una entidad con capital repartido entre ambas administraciones, como en el caso de la empresa mixta creada para Rodalies.

En la práctica, el nuevo ente servirá para que la Generalitat pueda trasladar “propuestas” en lo relativo a la gestión aeroportuaria

En la práctica, este ente servirá para que la Generalitat pueda trasladar “propuestas”, informes o ideas sobre ámbitos diversos de la planificación aeroportuaria, como las inversiones a través del DORA -el Documento de Regulación Aeroportuaria-, la conectividad, la implantación de nuevas rutas, las tarifas aeroportuarias, la gestión medioambiental, etc. Entre sus funciones también figura la elaboración de un documento propio de estrategia aeroportuaria que deberá abordar las sinergias entre los aeropuertos de interés general y su complementariedad con el resto de infraestructuras de transporte y logísticas del país.

Sin embargo, está por vez cuál será la capacidad efectiva de este nuevo ente. En el caso del creado en Euskadi, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible puntualizó que el nuevo órgano bilateral “carecerá de competencias ejecutivas”, por más que Euskadi garantizase entonces que participaría en la toma de decisiones en los aeropuertos vascos.

En cualquier caso, el Órgano Bilateral Aeroportuario será paritario, de manera que estará formado por cuatro representantes de la Generalitat y cuatro de la Administración General del Estado. La presidencia será rotatoria entre las dos administraciones, por períodos anuales, y las decisiones y los acuerdos requerirán la conformidad de ambas representaciones.

Rodalies

El contrato programa con Renfe contempla la transferencia de 1.148,7 millones de euros

En el ámbito de Rodalies, de la bilateral surgen tres novedades. Por un lado, la Generalitat y el Estado acuerdan “avanzar” en el desarrollo del traspaso del R1 entre la Sagrera y Maçanet-Massanes, de manera que el proceso afronta sus últimos trámites. Para ello, se establecerán los trabajos que tendrán que llevarse a cabo para hacer posible el cambio de gestión de la infraestructura con todas las garantías jurídicas, económicas, técnicas y operativas.

El grupo de trabajo creado para el traspaso se encargará de proponer y tramitar los instrumentos jurídicos que articulen la relación de la Generalidad y sus entidades dependientes con ADIF y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, incluidos los mecanismos de financiación correspondientes. Además, deberá analizar y proponer soluciones a los condicionantes técnicos y jurídicos que sea necesario resolver para culminar el traspaso.

En paralelo, se formaliza el contrato programa, que hasta ahora no existía, para que Renfe siga operando en Rodalies de acuerdo a unos derechos y obligaciones, y a un presupuesto operativo. El acuerdo, a través de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF) que se ha celebrado también este jueves de forma telemática, incluye las transferencias del Estado a la Generalidad vinculadas a la prestación de los servicios ferroviarios en el período 2025-2028, por importe de 1.148,7 millones de euros.

El acuerdo también incluye un abono por parte del Estado de 36,76 millones por los gastos derivados de las actuaciones complementarias y los planes alternativos instaurados a principios de año en Catalunya como consecuencia del accidente ferroviario de Gelida.

Se crea un grupo de trabajo para realizar el seguimiento técnico e institucional de la furura línea orbital ferroviaria

La otra gran novedad en el ámbito de Rodalies es el acuerdo para impulsar la denominada línea orbital ferroviaria, pactada también entre el Govern y ERC para recabar los votos republicanos a favor de los presupuestos catalanes de este año. En este caso, ambos gobiernos han aprobado la creación de un grupo de trabajo para realizar el seguimiento técnico e institucional del proyecto con el objetivo de disponer de un protocolo de colaboración en el primer trimestre del 2027.

Sin dejar el ámbito de la movilidad, la bilateral también ha acordado inversiones para mejorar la seguridad de la AP-7 y la AP-2, que son de titularidad estatal. En este caso, se trata de ampliar las actuaciones previstas en ambas vías e incluir obras de rehabilitación del firme para mejorar la seguridad, la funcionalidad y la conectividad. El acuerdo prevé que la Generalitat pueda redactar los proyectos correspondientes y ejecutar sus obras de mejora del pavimento en las áreas de Barcelona, Tarragona y Girona, a lo largo del año 2027, con un importe estimado de 75 millones de euros. Esta misma vía de actuación se quiere poner en marcha para obras previstas, como la construcción de nuevos enlaces viales y de mejora de los existentes.

El Govern podrá hacer obras para mejorar la AP-7 y la AP-2, que son de titularidad estatal

Además de la bilateral y la CMAEF celebradas este jueves, ambos gobiernos también se ha activado la subcomisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior con el objetivo de reforzar la participación de la Generalitat en los asuntos de la UE. En este sentido, se ha constituido el grupo de trabajo para impulsar la promoción del uso del catalán en las relaciones entre la Administración General del Estado y la ciudadanía.

La comisión bilateral de este jueves estuvo presidida por el conseler de la Presidència, Albert Dalmau, y por parte del Gobierno de España, de la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Alvarez. La reunión de la CMAEF la preside la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y por parte del Gobierno de España el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gacón.

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